Corrupción legalizada

*Un fraude por todos sus lados: un grupo de pillos te demanada, tu abogado defensor te roba y los jueces solapan la escena

Supongo que mi caso será como el de muchas personas que, sorpresiva o previamente avisadas, recibimos una demanda judicial y después del primer impacto nos enfrentamos al qué hacer. Nerviosos y atemorizados pensamos cómo defendernos, dónde, quién. Es aquí cuando, por inexperiencia, ignorancia y desesperación contratamos a un abogado o abogada que generalmente “alguien” conoce, sin que necesariamente tengamos referencias de la calidad de sus servicios. Y aquí puede empezar otro calvario.
Años atrás, celebré un contrato de arrendamiento con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, en el que Adriana Mata fue mi fiadora. En julio de 2007, dos años después de terminado el contrato, la Fundación la demandó. Fue entonces cuando contraté los servicios de la licenciada Daniela Cárdenas Jiménez, del despacho Gutiérrez Prieto y Cárdenas para representar a Adriana Mata en la controversia de arrendamento.
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, dicho sea de paso, es un grupo de casatenientes sin escrúpulos que lucran con los arrendamientos y buscan robar “legalmente” a sus inquilinos o exinquilinos, con alevosía carnívora, incluso, inventando pruebas. No tienen escrúpulos, se hacen pasar por Institución de Asistencia Privada, consiguiendo así cuantiosos beneficios, cuando en realidad no son sino un grupo de ladrones.
Demandada (indirectamente) por más de 100 mil pesos, en un momento en el que no tenía ni trabajo, acudí a esta abogada quien aceptó llevar el caso. Me explicó que estábamos en tiempo de contestar, que había habido inconsistencias procesales que nos beneficiaban y que todo saldría bien. Unas semanas después, luego de regresar de regresara de unas “merecidas” vacaciones, la licenciada Cárdenas me comentó que no había podido contestar en el plazo marcado, con lo cual se me declararía en rebeldía, pero que no me preocupara, que apelaríamos la sentencia y que en segunda instancia todo saldría bien.
Entre explicaciones incomprensibles y reiterativas, llamadas sin contestar, y dándole largas al asunto, pasaron varias semanas. Así hasta que el 6 de noviembre me informó que la sentencia había salido el 22 de octubre, que era en mi contra y que ahí concluía su trabajo, pero que si quería intentar el juicio de garantías, a pagar más.
Faltaban tres días para que concluyera el plazo para interponer un amparo, la sentencia había salido en mi contra, justo considerando que había contestado de forma extemporánea la demanda, y por tanto declarándome en rebeldía. O sea, por la negligencia de mi abogada del diablo, que por supuesto, sin ningún remordimiento, se embolsó 17 mil pesos por actuar en mi contra.
Total que primero quiere robarnos un grupo de malvivientes, busco ayuda y mi supuesta defensora Daniela Cárdenas me estafa y por su incompetencia casi pierdo todo. Ahora, ya sin ella, espero ser escuchada por los magistrados. Es muy penoso caer en las manos de estos delincuentes con cédula, que lucran con la necesidad de defendernos legalmente en un sistema judicial en el que sin un abogado es imposible defenderse. Al final, los engranajes de la corrupción funcionan a la perfección y las víctimas somos, una vez más, nosotros, los ciudadanos.